El organismo verificará los procesos de contratación que fueron implementados y los que están a punto de concretarse en las instituciones. También se hará un inventario de los vehículos y bienes estatales.
En un plazo no mayor de siete días, las diferentes instituciones del Estado, incluidas las gobernaciones y municipios, deberán responder a los pedidos de informes que fueron remitidos por la Contraloría acerca de todos los procesos de contratación que hayan sido implementados en lo que va de este año.
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